La disputa por el control de tráfico de personas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez es el principal móvil del asesinato de los 13 migrantes desaparecidos en el desierto de Coyame del Sotol, según información interna de la Fiscalía General del Estado.

El no haber pagado el derecho de piso a uno de estos cárteles les costó la vida, ya que una de las principales líneas de investigación del caso era que el “pollero” no había pagado la cuota a uno de los grupos criminales para transitar por esa región. A cada migrante se le cobran entre 4 y 5 mil dólares, de los cuales poco más de mil son destinados para cubrir esta extorsión.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía General del Estado, el “pollero” no cubrió la cuota para La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y se aventuró a cruzar hacia Coyame. Nunca supo que la vía estaba intransitable debido a que ambos cárteles mantenían un enfrentamiento.

Los migrantes fueron provistos de ropa de camuflaje estilo militar con el propósito de eludir la detección en el desierto. Al llegar a Lomas de Arena, una región donde convergen los municipios de Guadalupe, Coyame y Ojinaga, se encontraron con un grupo del Cártel de Sinaloa. Debido a que estaban ataviados con uniformes, los confundieron con miembros de La Línea, lo que lamentablemente resultó en su asesinato.

Respecto a estos hechos, el fiscal general, César Jáuregui, informó que el pasado 28 de febrero se logró la captura de Julián N., alias el Roque, un mexicoestadounidense integrante del Cártel de Sinaloa acusado por el delito de privación ilegal de la libertad y presuntamente involucrado en la desaparición de los 13 hombres.

Trascendió de la investigación de la FGE, que antes de ser asesinados, los despojaron de sus pertenencias y fue a través de un celular de una de las víctimas que las autoridades lograron ubicar al Roque. El teléfono le fue asegurado a una mujer, quien brindó la información para dar con el paradero de Julián N.

A pesar de que han pasado 178 días de la detención del presunto involucrado, apenas ayer se dio a conocer que está bajo proceso en el Cereso número 3 en Ciudad Juárez.

“No lo podíamos procesar por otro delito porque faltaban elementos, si se determina con fehaciencia jurídica la identidad, este detenido podría enfrentar acusaciones diversas”, comentó Jáuregui Moreno.

Agregó que con la identificación de los restos podrán abocarse a la identificación de los perpetradores materiales e intelectuales de los hechos.

Es necesario precisar que tras la masacre de las 13 personas, integrantes de La Línea —principal grupo que controla la actividad criminal en la región— encontraron los cuerpos y se los llevaron para inhumarlos de manera clandestina en un lugar conocido como El Mimbre, dado que al tratarse de migrantes querían evitar los reflectores y que se les calentara la plaza.

En los rastreos que la Unidad de Personas Desaparecidas y Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte emprendieron desde Práxedis G. Guerrero hasta Coyame fue fundamental el testimonio de un adolescente que viajaba con los migrantes y fue liberado por el grupo criminal, así como los pitazos que las familias de las víctimas recibían sobre el paradero de los desaparecidos.

Con el paso del tiempo se fueron agotando las secciones de búsqueda hasta dar con el paradero de los migrantes en El Mimbre.

Van siete cuerpos

Las excavaciones en las fosas clandestinas en la zona de El Mimbre, en el municipio de Coyame, arrojó el hallazgo de restos humanos esqueletizados, los cuales pertenecen a siete personas, además localizaron ropa y tejido, informó el fiscal general, César Jáuregui Moreno.

En rueda de prensa, el fiscal acompañado de los titulares de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Ada Miriam Aguilera, y Víctor Alfredo Hinojos Paredes, comisionado local de Búsqueda, informó que estos cuerpos pertenecen al grupo de 13 migrantes desaparecidos, sin embargo, esperarán el resultado de los análisis de ADN.

Las osamentas fueron localizadas a una profundidad de 1.20 metros, además se detectó que trataron de ocultar dichos restos con concreto. La principal línea de investigación es una disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez por el control por el tráfico de personas, delito que es más redituable al trasiego de drogas.

“No vamos a poder hablar de certeza jurídica hasta el momento de tener las pruebas periciales y biológicas, pero todo indica que se trata de parte del grupo de los 13 migrantes. Hay muchos indicios que así lo establecen”, dijo el fiscal, quien anunció una investigación al interior de la FGE por la filtración de información sobre el caso, dado que el compromiso era informar primero a las víctimas indirectas.

La fiscal Ada Miriam Aguilera Mercado mencionó que al momento de abrirse la carpeta de investigación fue por 13 personas en situación de movilidad privados de la libertad, pero el adolescente fue dejado en libertad, no obstante, la información confirmada por la representación de las víctimas indirectas es que los desaparecidos son 13, de los cuales 10 son de Chihuahua, uno del Estado de México, uno de Querétaro y uno de Durango.

La fiscal resaltó que la búsqueda se realizó de manera coordinada con personal de la Comisión Local de Búsqueda, la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la representación de las víctimas indirectas, es decir, las familias de las personas desaparecidas.