Taladores al amparo de hombres armados depredan el arbolado adulto de la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechique. A pesar de que existen sentencias judiciales que prohíben el aprovechamiento forestal, los depredadores continúan haciendo estragos que a la postre repercuten en menos agua para la población.
Desde el 25 de febrero, se interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente una denuncia popular por hechos, actos u omisiones por la tala ilegal que se realiza en el territorio de la comunidad.
La comunidad afectada desde hace varios años ha pugnado por el reconocimiento de su territorio ancestral, sin embargo algunos particulares lograron conseguir permisos de aprovechamiento forestal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ante este hecho, la comunidad decidió emprender la defensa legal del territorio y por decisión de la asamblea, se interpuso juicio de amparo para solicitar la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal en el territorio rarámuri que comprende aproximadamente 10 mil 700 hectáreas. En diciembre de 2018 se otorgó la suspensión y con ello los permisos no se podían ejecutar hasta que se terminara el juicio.
El 31 de enero de 2024 se dictó sentencia donde se declararon nulos dichos permisos. Los particulares recurrieron a un Recurso de Revisión en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo del Décimo Séptimo Circuito, mismo que sigue pendiente de resolución.
A pesar de la situación, el pasado 16 de febrero en un predio cerca del arroyo Guicisaguachi, detectaron un sitio de tala con bolillos de pino listos para ser trasladados. El lugar de tala ilegal se ubica en el predio Rinconcito Lejano.
Se detectó otro sitio de tala en el predio Batuyvo, ambos predios de tala ilegal se encuentran a nombre de dos personas que no son indígenas.La asamblea de la comunidad solicitó a Profepa que se realice una inspección técnica a fin de que se impongan las medidas de aseguramiento y de suspensión.
Los residentes de la comunidad detectaron que al parecer alguna autoridad federal acudió a la zona, pero no llegaron a los predios señalados de corte, ello a pesar de que en la denuncia se dio información sobre las coordenadas para la ubicación precisa.
El temor crece porque los taladores se encuentran resguardados con gente armada.
La Mesa de Tala Ilegal de Gobierno del Estado tienen la información sobre la denuncia, pero no se ha actuado para preservar el medio ambiente e impedir los hechos ilícitos.







