Fue en septiembre del 2024 cuando, en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó la reforma al Judicial de México, misma que instauraba el derecho de elegir popularmente a los jueces y magistrados del país.

A sólo seis días de comenzar la renovación inédita de los cargos locales y federales, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE Chihuahua, Alejandro de Jesús Scherman, precisó que los ciudadanos tendrán la importante labor de monitorear el rendimiento de las personas juzgadoras por las cuales voten el próximo 1 de junio, como en cualquier proceso democrático que ha vivido México.

Tales declaraciones surgen luego de que, hace un par de semanas, Alfredo Chávez, coordinador del PAN en el Congreso del Estado, declarara que al momento de dictaminar la reforma judicial, no se consideró un mecanismo para evaluar el trabajo de quienes terminen seleccionados tras las elecciones del 1 de junio.

Este hecho, dijo, producía incertidumbre sobre posibles violaciones a los derechos humanos que pudieran realizar los juzgadores, o sentencias mal dictaminadas. 

En ese sentido, se le cuestionó al representante del INE Chihuahua sobre en quién recae la responsabilidad de evaluar a las próximas autoridades jurisdiccionales. Al respecto, indicó que si bien la renovación del Poder Judicial de México se trataba de un caso inédito, no distaba mucho de otros procesos democráticos, por lo que el peso recae en la decisión que tome la ciudadanía el próximo domingo, y sobre si realizaron su voto de forma consciente.

“A quien le corresponde hacer un análisis es a la ciudadanía, en cuestión de por quién vota. Y evidentemente, en este caso, como en los casos donde se elige por vía democrática, pues seguramente en su momento quienes terminen electos tendrán que pasar por una evaluación de la propia ciudadanía”, declaró.

A su vez, el vocal agregó que como autoridades electorales, a ellos no les corresponde dar parámetros de medición de rendimiento de cualquier candidato, sino generar el ambiente propicio para que los sufragios se realicen de la mejor manera posible.Scherman indicó que todas las expresiones de los ciudadanos y los motivos por los cuales decidan o no escoger a un candidato son válidas; sin embargo, reconoció la necesidad de que no exista la influencia de terceros al momento de realizar una elección, ya que el voto es la manera en que la comunidad expresa sus inquietudes o necesidades ante las autoridades de Gobierno.

Cabe señalar que, desde el 30 de marzo, los candidatos al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial del Estado de Chihuahua han realizado sus campañas electorales, con la intención de darse a conocer ante una ciudadanía que desconoce las funciones de un juez o magistrado, incluso, las materias judiciales o los distritos adscritos a su localidad.

Por medio de eventos en áreas públicas, panfletos impresos en papel y videos en redes sociales, cada participante a desempeñar un cargo local o federal ha dado a conocer su experiencia en el área donde se postuló (juez penal, civil, familiar, mixto, así como magistrados) para que la comunidad pueda elegir, de forma consciente, cuál es la mejor opción.

Dentro de las estrategias de las autoridades locales y federales de difusión de las elecciones, tanto el INE como el IEE han implementado el sitio web Conóceles, en el cual los votantes pueden acceder a revisar los perfiles profesionales de cada candidato, así como sus propuestas para mejorar el sistema judicial de México y, en este caso, de Chihuahua.

No obstante y a pesar de estos mecanismos, congresistas locales han advertido la necesidad de que se instruya una forma de evaluar a quienes resulten electos como autoridades jurisdiccionales, a manera de verificar que en verdad estén capacitados para el cargo o que no posean lazos con representantes políticos.

Al respecto, Chávez Madrid (PAN) advirtió, el pasado 8 de mayo, que será labor del Congreso de la Unión y de los poderes legislativos locales analizar cómo se comporta, durante los primeros meses en que nombren a los nuevos magistrados y juzgadores del país. En especial, las autoridades jurisdiccionales federales, pues serán ellos los que se encarguen de garantizar el cumplimiento de amparos.