Vinculan a proceso a José Luis A. C. y Facundo M. R., propietarios del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de cadáveres y el incumplimiento en los plazos legales para la cremación de cuerpos.

La resolución fue emitida alrededor de las 5:25 de la tarde por el juez Apolinar Juárez Castro, quien notificó formalmente la vinculación a proceso de ambos imputados. La audiencia concluyó cerca de las 5:45 de la tarde, con la determinación de que permanecerán en prisión preventiva durante seis meses más, mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.

Los acusados se mantuvieron tranquilos y se reservaron su derecho a declarar tras conocer la decisión del juez, quien explicó que no coincidía con la postura de la defensa, la cual argumentaba ausencia de tipicidad en la conducta.

Juárez Castro sostuvo que el hecho de que la licencia de funcionamiento haya sido cancelada no suprime la responsabilidad penal, y citó el artículo 21, fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece como ilícitas las actividades relacionadas con la acumulación de cuerpos y la omisión en los tiempos legales para su cremación.Asimismo, hizo referencia al artículo 348 de la Ley Estatal de Salud, el cual determina que cuando un crematorio excede el límite de cuerpos a procesar, debe notificar a la COESPRIS o al Ministerio Público, situación que no ocurrió en este caso.

“Es entendible que la carga de trabajo genere retrasos y, por tanto, descomposición de cuerpos, pero lo que no es aceptable es la acumulación sistemática de cadáveres sin dar aviso a las autoridades correspondientes”, expresó el juez. “El riesgo sanitario generado por la concentración de cuerpos fue elevado para toda esa zona”.

En cuanto a los tiempos procesales, el juez Juárez Castro consideró razonable el plazo de seis meses de investigación complementaria, con base en el artículo 321 de la Ley Nacional de Procesos Periciales, y señaló que la identificación forense de cada cuerpo podría tomar hasta dos meses, dependiendo de su estado de conservación.

El Ministerio Público adelantó que durante este periodo buscará recabar testimonios de personas clave en el caso, como personal de Protección Civil, Desarrollo Urbano, peritos en criminología, especialistas forenses, vecinos y familiares de personas afectadas.
Finalmente, se estableció como fecha para la próxima revisión del caso el 4 de enero de 2026, otorgando un plazo de 15 días previos para notificar si la investigación ha sido concluida.