Propone Juan Carlos Loera cárcel y multas para quienes roben agua de la nación
El senador Juan Carlos Loera De la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, presentó una iniciativa de reforma legal, cuyo proyecto busca tipificar como delito federal la apropiación ilícita de aguas nacionales, imponiendo sanciones severas para quienes se apropien de este recurso de forma ilegal.
En un esfuerzo por proteger el patrimonio hídrico del país, la iniciativa propone una reforma integral a cuatro leyes federales con la que se busca establecer penas de hasta 15 años de prisión y multas millonarias para aquellos que extraigan, desvíen o comercialicen agua de la nación sin la autorización debida. Según Loera, es inaceptable que se robe impunemente un recurso que es patrimonio de la nación y un derecho humano.
Esta propuesta, en palabras del senador, es una muestra clara de su compromiso con el bienestar del estado de Chihuahua y se alinea con el Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, con la iniciativa que busca fortalecer las leyes existentes para combatir un problema que, según datos oficiales, representa una pérdida masiva de recursos y un riesgo para la seguridad hídrica del país.
Como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera identificó que la sobreexplotación de los mantos acuíferos es un problema extendido, especialmente en estados fronterizos como Chihuahua. Datos de organismos operadores estatales revelan la existencia de más de 131 mil tomas clandestinas entre 2019 y 2023 en casi todos los estados del país.
Además de las tomas ilegales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que el desvío ilegal de agua y el uso de infraestructura no autorizada causan pérdidas anuales equivalentes a más de 600 millones de metros cúbicos de agua, cifras que subrayan la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta contundente.
La iniciativa del senador no se limita a establecer penas de cárcel; también contempla la extinción de dominio de las tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, para que los recursos recuperados se destinen a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas.
Adicionalmente, el proyecto propone la revocación automática de concesiones cuando el titular sea sentenciado por robo de agua; la instalación obligatoria de medidores inteligentes (telemetría) en todos los puntos de extracción autorizada para evitar el subregistro de volúmenes; y la creación de un padrón público de tomas clandestinas con información georreferenciada.
La propuesta es el resultado de una serie de reuniones con agricultores chihuahuenses y con el director general de Conagua, Efraín Morales, lo que muestra un enfoque colaborativo en la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a todo el país. Esta acción legislativa es un paso crucial para enfrentar el robo de agua y fortalecer la seguridad hídrica nacional en un contexto de sequía y estrés hídrico.
