En una reunión binacional convocada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, legisladores, autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes empresariales de Ciudad Juárez y funcionarios de Nuevo México analizaron las consecuencias del cierre comercial del puente internacional Córdova-Américas.

El encuentro, realizado la tarde del lunes en el Senado de la República, derivó en cuatro propuestas estratégicas para enfrentar el impacto económico y logístico en la región fronteriza.

Entre los principales acuerdos destaca el envío de una minuta oficial a los titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como a sus contrapartes estadounidenses, en especial a Customs and Border Protection (CBP). El objetivo es establecer una línea directa de comunicación e incidencia para buscar alternativas viables al cierre del puente.

La segunda propuesta contempla una solicitud conjunta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para la asignación de recursos presupuestales que permitan elaborar proyectos ejecutivos e impulsar infraestructura que garantice la continuidad del comercio exterior en la zona fronteriza.

En el mismo sentido, también se acordó gestionar recursos ante el Comité de Inversiones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, con el fin de respaldar obras estratégicas que mitiguen el impacto logístico y económico derivado del cierre del cruce.

Como cuarto punto, se planteó incluir el tema del puente Córdova-Américas en las mesas de revisión del T-MEC, solicitando a Estados Unidos una prórroga de cinco años para su clausura comercial, con el fin de planear adecuadamente la transición y evitar afectaciones severas a la competitividad regional.

Durante la sesión, Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez, presentó proyectos alternativos, como la ampliación del bulevar Juan Pablo II hasta el puente Guadalupe-Tornillo y la extensión de la avenida 16 de Septiembre hasta Jerónimo, que podrían absorber parte de la carga vehicular y comercial.

Gerardo Fierro, director ejecutivo de la New Mexico Border Authority, expresó que el estado de Nuevo México está preparado para colaborar ante la nueva dinámica fronteriza y reiteró su oposición al cierre del puente, al señalar que afectará la competitividad de Chihuahua, Nuevo México y Texas. “No podemos dejar esta decisión solo en manos del gobierno estadounidense; debemos prepararnos desde ahora”, puntualizó.

Por su parte, líderes empresariales como María Teresa Delgado, consejera nacional de Index Juárez, e Isela Molina, presidenta de Canacintra, advirtieron que el cierre del cruce amenaza la estabilidad laboral y el liderazgo exportador de Ciudad Juárez, que actualmente aporta el 83% de las exportaciones del estado. Exigieron al gobierno federal inversiones inmediatas y reconocimiento estratégico a la región. “En lugar de cerrar infraestructura existente, deberíamos estar expandiéndola”, concluyó el transportista Manuel Sotelo Suárez.