La activista aseguró que se trata de una operación que atenta contra la laicidad del Estado, que hace una simulación de ciudadanía y que instrumentaliza a menores de edad. Aseveró que los intereses religiosos no pueden dirigir las decisiones legislativas, además de que las leyes no deben subordinarse a dogmas religiosas y que el congreso no puede actuar bajo presión clerical. “No estamos hablando de prohibir creencias. Estamos hablando que las decisiones públicas deben tomarse, como siempre lo hemos dicho, como un tema de derechos humanos y de laicidad del Estado. Cuando una estructura parroquial organiza cartas para influir en…
