Las familias de personas desaparecidas en Chihuahua continúan sin recibir respuesta a la solicitud formal de audiencia con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, pese a las reiteradas peticiones para establecer un diálogo directo sobre la crisis de desapariciones que enfrenta el estado.

Gabino Gómez Escárcega, coordinador del área de personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que esta falta de respuesta representa una forma de invisibilizar a quienes desde hace años buscan a sus familiares y exigen atención de las autoridades.

Después de las movilizaciones realizadas por las familias, el Gobierno del Estado anunció un programa de apoyo para 450 familias, lo que Gabino Gómez consideró una posible respuesta indirecta a sus reclamos; sin embargo, cuestionó que no se haya establecido comunicación con los colectivos para explicar los alcances del programa.

“Estamos convencidos de que si no hubiera sido por nuestra acción, seguramente no se hubiera dado esa respuesta”, señaló el defensor de derechos humanos, al considerar que el anuncio surgió como consecuencia de la presión ejercida mediante las movilizaciones y no como resultado de un proceso de diálogo con las familias.

El anuncio también generó dudas debido a que en Chihuahua son más de 450 las familias afectadas por la desaparición de un ser querido. Por ello, exigieron que, si el programa contempla ese número de beneficiarios, se establezcan reglas de operación y criterios transparentes para determinar quiénes recibirán el apoyo.

El activista advirtió que la falta de claridad podría provocar divisiones entre las propias familias, al tener que determinarse quién sí y quién no será beneficiario. Por ello, planteó que los colectivos participen en la construcción de los mecanismos de selección y que éstos sean públicos.

“Esperemos no se manipule el tema”, expresó, al insistir en que no buscan cuestionar la entrega de apoyos, sino garantizar que éstos lleguen a quienes realmente los necesitan y que el proceso no sea utilizado con fines políticos.

El activista cuestionó que María Eugenia Campos Galván haya señalado recientemente que apenas hace alrededor de un mes tuvo conocimiento de la magnitud de los problemas relacionados con las personas desaparecidas, al considerar que las familias llevan años enfrentando esta situación y exigiendo respuestas.

Ante la falta de audiencia, los colectivos analizarán nuevas acciones para insistir en su demand. Advirtieron, además, que el tiempo juega en contra, pues conforme se acerque la definición de candidaturas para la gubernatura, la atención política podría concentrarse en quienes busquen suceder a Campos Galván. Por ello, exigieron que la actual administración atienda desde ahora a las familias y no deje el problema para el siguiente gobierno.

“Nosotros estaremos demandando una forma transparente de los criterios de selección”, señaló Gabino Gómez, al recalcar que el apoyo económico anunciado no sustituye la audiencia solicitada ni resuelve por sí mismo la problemática que enfrentan las familias de personas desaparecidas.