Este verano, afuera de la estación de tren de Santa Lucía en Venecia, los agentes equipados con escáneres de códigos QR detenían a los visitantes para asegurarse de que habían pagado la tarifa por un día para excursionistas destinada a frenar el exceso de turismo. Sin embargo, a unos pocos kilómetros de distancia, estaba en marcha la construcción de una ampliación en el aeropuerto Marco Polo, que llegará a dar servicio a 20 millones de pasajeros al año, frente a los 11,6 millones actuales.

Venecia no es la única en esta paradoja. En toda Europa, los aeropuertos se están ampliando para satisfacer la creciente demanda de viajes, incluso mientras las ciudades a las que sirven luchan por contener la avalancha de visitantes con impuestos turísticos, prohibiciones de alquileres a corto plazo e iniciativas de reducción de emisiones de carbono.

Por ejemplo, en Ámsterdam, el aeropuerto de Schiphol está construyendo un área de puertas de embarque de 55.000 metros cuadrados que abrirá el próximo año. Una ampliación en curso en el aeropuerto internacional de Atenas aumentará su capacidad de 26 a 40 millones de pasajeros al año. Y en Barcelona, donde un nuevo comisionado para el turismo sostenible está implementando políticas para disminuir el impacto de los turistas en la vida residencial, los planes de la autoridad aeroportuaria española para ampliar el aeropuerto de El Prat han llevado a los opositores a programar una manifestación para el 20 de septiembre.

“Definitivamente es una contradicción”, dijo Alex Chapman, director de política económica y ambiental de la New Economics Foundation, un centro de estudios británico progresista en Londres. “Hay casos como el de Barcelona donde tienes a una población que casi está en las calles rebelándose por lo que percibe como prácticas de la industria turística insostenibles e injustas. Proponer otra ampliación enorme del aeropuerto al mismo tiempo es realmente difícil de conciliar”.

Competencia interna

Los esfuerzos contrapuestos derivan de jurisdicciones en conflicto. En general, los gobiernos nacionales en Europa supervisan sus aeropuertos, mientras que las áreas más afectadas por el exceso de turismo, como la vivienda y el saneamiento, recaen bajo la competencia de las autoridades municipales o regionales. A medida que los ciudadanos han empezado a protestar por el impacto del turismo, esos gobiernos locales se han visto obligados a responder.

“Pero lo máximo que pueden hacer es reducir el número de alojamientos o imponer un impuesto turístico”, dijo Tolo Deyá, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares en España. “Mientras que controlar o reducir el número de vuelos está en manos del gobierno central”.

Y para los gobiernos centrales, añadió Deyá, “los aeropuertos son una fuente muy importante de ingresos”.

Aunque un mayor número de conexiones de vuelos puede impulsar las economías de países como Italia que reciben muchos turistas, dijo Chapman, “también estás atrayendo muchos otros costos sociales”, como escasez de viviendas y contaminación.

En un esfuerzo por reducir el ruido y otras molestias para los residentes cerca del aeropuerto de Ámsterdam, el gobierno neerlandés limitó el año pasado los vuelos en Schiphol a 478.000 anuales, pero ese límite fue anulado en los tribunales. El 9 de septiembre, uno nuevo, que permitirá que los vuelos aumenten gradualmente a 500.000 siempre y cuando se respeten las restricciones de ruido y ambientales, recibió la aprobación preliminar del Consejo de Estado neerlandés.

Según Stefan Donker, portavoz de Schiphol, las ampliaciones en curso en el aeropuerto no tienen la intención de aumentar los vuelos, sino más bien hacer frente a la realidad del creciente número de pasajeros, que ha pasado de 42 a 70 millones en los últimos 20 años.

Para muchas empresas de gestión aeroportuaria, los proyectos de ampliación permiten modernizaciones como la actualización de los sistemas de manejo de equipaje, la mejora de la eficiencia energética y la instalación de nuevas tecnologías como el Sistema de Entradas y Salidas de Europa, que entró en vigor este verano.

Pero las empresas también dicen que su obligación es adaptarse al aumento de los viajes, no regularlo.

Aena, la empresa público-privada que gestiona los principales aeropuertos de España, planea ampliar no solo el aeropuerto de Barcelona, sino también los de Madrid, Málaga y Bilbao. “Los aeropuertos, como cualquier infraestructura, no pueden ser los controladores de la demanda”, dijo Maurici Lucena, presidente de Aena.

El crecimiento de los aeropuertos puede erosionar la eficacia de los esfuerzos locales para frenar el exceso de turismo e incluso puede permitir la llegada de más turistas, dicen los expertos. “Cuando observas el caso de Mallorca, por ejemplo, el número de plazas hoteleras ha sido el mismo durante muchos años, y los alquileres vacacionales están estrictamente controlados”, dijo Deyá. “Pero el número de llegadas sigue subiendo”.

Una lucha por el equilibrio

Mallorca es uno de los principales focos de tensión entre las autoridades locales y nacionales. Los espacios públicos abarrotados, el mal comportamiento de los turistas y la falta de viviendas asequibles han provocado protestas durante tres veranos consecutivos (una en julio congregó a 25.000 en las calles de Palma). Al mismo tiempo, en 2024 y 2025 se registraron cifras récord de llegada de pasajeros al aeropuerto de la isla, y 2026 va en camino de superar esas cifras.

Como muchos proyectos de construcción de aeropuertos, el de Mallorca se ha presentado como una remodelación en lugar de una ampliación física. Pero Margalida Prohens, la presidenta de la región, dijo que se enteró este año de que Aena también estaba aumentando el número de puertas de embarque. Desde entonces se ha quejado ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la falta de coordinación. “No puede ser que mientras las instituciones locales trabajamos juntas en una estrategia para contener el turismo en nuestras islas, Aena planifique un crecimiento continuo”, dijo Prohens.

En un intento por tener voz en el proceso, el parlamento regional balear aprobó un proyecto de ley en primavera destinado a otorgarle un mayor poder sobre la gestión aeroportuaria.

Otras autoridades locales también quieren tener voz. En Lisboa, donde los turistas y los nómadas digitales han encarecido tanto la vivienda de la ciudad que han desplazado a los lugareños, el aeropuerto Humberto Delgado, cerca del centro de la ciudad, está en proceso de ampliación mientras se planea un aeropuerto nuevo y más grande, a unos 32 kilómetros de distancia, para 2034.

“El ruido, la calidad del aire, la movilidad, el uso del suelo y la calidad de vida son preocupaciones locales”, dijo el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, quien apoya ambos proyectos aeroportuarios por sus beneficios económicos, pero quiere que se lleven a cabo de manera “equilibrada”. “Los residentes de Lisboa deben tener voz en las decisiones que los afectan”.

Y luego está el cambio climático

El exceso de turismo no es la única contradicción. Un estudio publicado el 15 de septiembre por Transport and Environment, una organización de defensa del clima con sede en Bruselas, muestra que las ampliaciones planeadas de los 20 aeropuertos más grandes de Europa causarán que sus países anfitriones superen los presupuestos nacionales de carbono requeridos para mantener el calentamiento global en 1,7 grados Celsius.

Dinamarca, cuya Ley del Clima la obliga legalmente a reducir sus emisiones de carbono en un 70 por ciento para 2030, se ha posicionado a la vanguardia de la lucha climática. Sin embargo, el aeropuerto de Copenhague, propiedad del gobierno danés, está construyendo una extensión de 60.000 metros cuadrados en su terminal que, según los críticos, aumentará la contaminación en los vecindarios urbanos cercanos y empeorará su huella de carbono.

“Tienes a un gobierno que está utilizando nuestras políticas ecológicas climáticas como una estrategia de marca diplomática en todo el mundo”, dijo Leila Stockmarr, miembro del Parlamento y portavoz de transporte del partido de izquierda Enhedslisten. “Y tienes al Estado que sigue adelante con el proyecto de ampliación, lo que significa que el gobierno, de facto, obtiene ganancias al socavar sus propias políticas ecológicas”.

En Barcelona, las urgentes preocupaciones tanto por el exceso de turismo como por el impacto climático están detrás de la protesta planeada para el domingo contra la ampliación del aeropuerto, que espera la aprobación final del gobierno español. (También hay protestas planeadas contra la ampliación de aeropuertos en Mallorca e Ibiza).

“En un momento crítico de todas las crisis a las que nos enfrentamos”, dijo Daniel Pardo, un activista cuyo grupo vecinal pertenece a Zeroport, un consorcio que está organizando la manifestación, “esta decisión va a moldear el modelo económico de Cataluña para los próximos 20 años”.