La militarización en el contexto migratorio es un tema controvertido en México, y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre sus implicaciones; de acuerdo con Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), aunque la historia del país muestra que la presencia militar no necesariamente garantiza más seguridad, en muchos casos ha traído consigo violaciones a derechos humanos; no obstante, debido al temor que existe entre las personas migrantes y otros sectores de la población de denunciar ante las autoridades o ante organismos autónomos de derechos humanos, resulta difícil obtener datos certeros sobre la magnitud de estas violaciones.

La presencia militar en el ámbito migratorio no es un fenómeno reciente, incluso antes de la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya existían perfiles militares en puestos clave dentro de la política migratoria.

n ejemplo claro de esto es el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, quien ha ocupado cargos relevantes en áreas vinculadas a la seguridad.

Desde DHIA, se han documentado cuatro casos de abusos de autoridad relacionados con la Guardia Nacional en los últimos dos años, aunque estos no ocurrieron en Chihuahua, que es uno de los puntos más sensibles en el tema migratorio.

La organización, que forma parte del Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM), ha manifestado su preocupación por el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en el norte del país, lo que, según indican, genera incertidumbre sobre las consecuencias de este aumento de la presencia militar en las zonas de tránsito migrante.

El discurso oficial ha tratado de justificar esta movilización militar, asegurando que la presencia de la Guardia Nacional en la frontera norte de México tiene como objetivo principal la lucha contra el tráfico de drogas; sin embargo, diversas organizaciones han señalado que, más allá de este enfoque, la Guardia Nacional ha sido utilizada en las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos como una especie de “muro humano”, desplegado en la frontera sur para contener de manera violenta el tránsito de personas en situación de movilidad humana.

Las autoridades han asegurado que las acciones de la Guardia Nacional buscan controlar el flujo de migrantes y frenar el tráfico de personas, pero la forma en que se ejecutan estas labores ha generado críticas por su violencia.

En muchas ocasiones, las tácticas de contención han sido sumamente agresivas, y el involucramiento del Ejército Mexicano en estas acciones ha agudizado las preocupaciones. Un caso reciente en Chiapas es particularmente alarmante: un grupo de migrantes, compuesto por seis personas, fue víctima de un tiroteo por parte de fuerzas militares, quienes dispararon directamente a su vehículo.Este incidente refleja el peligro inherente a la militarización de la migración, donde las medidas de seguridad parecen prevalecer sobre el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Las violaciones a derechos humanos en situaciones de contención migratoria no son un hecho aislado, y organizaciones como DHIA temen que esta tendencia se intensifique si la militarización continúa en aumento.

A pesar de las denuncias, los mecanismos para hacer justicia parecen ineficaces, ya que las víctimas de abusos temen represalias o carecen de confianza en las instituciones encargadas de garantizar sus derechos, además, la falta de un seguimiento riguroso a los casos y la impunidad con que a menudo se manejan las denuncias contribuyen a la persistencia de estas prácticas violentas.

Para las organizaciones de derechos humanos, la militarización en el contexto migratorio es una solución insuficiente y peligrosa que pone en riesgo la integridad de las personas migrantes.

El llamado es claro: se deben priorizar políticas migratorias basadas en los derechos humanos, que respeten la dignidad y seguridad de las personas en movilidad, y que involucren a la sociedad civil en el monitoreo y la denuncia de posibles abusos.

La situación actual en las fronteras de México y el impacto de la militarización sobre los migrantes sigue siendo un tema de creciente preocupación, y será fundamental que tanto las autoridades mexicanas como las internacionales tomen medidas efectivas para proteger a las personas migrantes y garantizar que sus derechos sean respetados en todo momento.