Integrantes del colectivo Memoria, Dignidad y Justicia para los 386 se manifestaron este viernes afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, donde acusaron a la Fiscalía General del Estado de abandono institucional, falta de transparencia e incluso amenazas para impedir la difusión de imágenes relacionadas con el caso del crematorio Plenitud.

Durante la protesta, los manifestantes colocaron una lona con fotografías que muestran el estado en que fueron encontrados los cadáveres. Una de las afectadas denunció que desde la propia Fiscalía se intentó frenar la difusión del material.

“A nosotros se nos quiso frenar, incluso se nos amenazó: las personas que filtren estas imágenes se va a proceder contra ellas. Ya no nos importa. A mí, en lo personal, me dijo un ministerio público en Fiscalía: esas imágenes no tendrían que haber salido al público, ya se está investigando quién las está filtrando. “Ni modo, las vamos a mostrar las veces que sean necesarias, porque la gente tiene que estar enterada, ver la dimensión de lo que está pasando”, expresó.

El colectivo está conformado por al menos 80 personas afectadas, quienes cuestionaron las cifras oficiales. Según han informado autoridades estatales, 180 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares; sin embargo, dentro del grupo solo seis familias han sido notificadas o están en proceso de recibir los restos de sus seres queridos.

“Dicen que hay 180 cuerpos que ya fueron entregados. ¿Dónde están esas personas a las que supuestamente, casi 200, ya se les entregó el cuerpo? Nosotros solo sabemos de seis en nuestro grupo, ¿y las demás?”, reclamaron.

Señalaron que muchas familias enfrentan dificultades para dar seguimiento al proceso, ya sea porque residen en Estados Unidos o por cuestiones laborales, aunque aseguraron que quienes permanecen en la ciudad han estado “al pie del cañón” exigiendo respuestas.

Entre las justificaciones que, afirman, ha dado la autoridad se encuentra el avanzado estado de descomposición de varios cuerpos, los cuales, según les explicaron, tuvieron que ser prácticamente “armados como un rompecabezas”.

También se les informó que, tras la intervención de instancias federales, las muestras de ADN fueron enviadas a la Ciudad de México, lo que habría alargado aún más los tiempos de identificación. “Excusas hay muchas, soluciones muy pocas”, reprocharon.

Las familias denunciaron además que no cuentan con representación legal ni asesoría jurídica hasta el momento, situación que consideran grave ante la magnitud del caso. “No nos representa nadie, no tenemos asesoría legal hasta el momento. Yo creo que a partir de esto vamos a tener que empezar a buscar”, consideró una de las afectadas.

Aseguraron que la información que han obtenido ha sido principalmente a través de medios de comunicación, ya que, según señalaron, la Fiscalía no los mantiene informados de manera constante y solo los recibe cuando exigen audiencias.

En el marco de la manifestación, también surgieron señalamientos de presunta corrupción. “Yo sé que mucha gente tiene miedo de hablar, pero pues ahorita, como se dice, nos ha quitado tanto que nos quitaron el miedo. Entonces, claro que hubo corrupción, claro que a ese juez se le llegó al precio.

“Él está disfrutando probablemente de miles y miles de dólares y el criminal también a gusto allá (en El Paso, Texas) y mientras todas las familias sufriendo y traumatizadas, sin dormir y sin comer y muchos sin trabajar”.

Uno de los testimonios relató que su padre falleció el 9 de febrero de 2022 y que los servicios funerarios fueron realizados por la Funeraria Latinoamericana, sin que se les informara que el cuerpo sería trasladado a otro sitio.

Además, señaló que en varios casos las cenizas entregadas presentan diferencias notorias entre sí, lo que ha generado más dudas entre los afectados. “Me dijeron en Fiscalía que el cuerpo de mi papá pudiera estar en el crematorio, porque coincidían fecha, funeraria y crematorio”, afirmó.