La demanda sostiene que el gobierno federal se retractó de su promesa de cooperar con las investigaciones estatales tras la Operación Metro Surge, y pide al tribunal que ordene que cumpla. La demanda indicó que al gobierno federal no se le permite «retener pruebas de investigación con el propósito de proteger a agentes del orden del escrutinio cuando un estado investiga posibles violaciones graves de sus leyes penales, que tienen como objetivo a sus ciudadanos, dentro de sus fronteras». Se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia.
