Cómo cambian las cosas en un año. Durante el otoño del año pasado, el presidente Donald Trump ordenaba a los buques de guerra de Estados Unidos bloquear los petroleros que salían de las costas de Venezuela. Menos de 12 meses después, Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo” con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Esta es la misma Delcy Rodríguez que fue nombrada vicepresidenta de Venezuela por Nicolás Maduro, el exlíder venezolano que fue capturado durante una operación militar de Estados Unidos en enero y que ahora espera juicio en una cárcel en Brooklyn por cargos de narcoterrorismo.

El acuerdo podría parecer una singular buena noticia para Venezuela. En el país hay algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo; sin embargo, produce solo alrededor del 1 por ciento del suministro mundial de petróleo. Una asociación con Washington para movilizar fondos podría, en teoría, impulsar el crecimiento y volver a encarrilar la maltrecha economía del país, recientemente golpeada por un devastador terremoto. El acuerdo, sin embargo, se asemeja más a una privatización opaca de la riqueza petrolera del país, un trato cuyas ganancias es poco probable que se distribuyan por Venezuela y que podría truncar el surgimiento cada vez más improbable de una democracia soberana.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre el acuerdo. Trump afirma que no tendrá ningún costo para los contribuyentes estadounidenses y que servirá para reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, que se encuentra en su nivel más bajo desde 1982. Rodríguez dice que el pacto atraerá 100 millardos de dólares en inversiones de capital y permitirá a Venezuela aumentar la producción en 1,5 millones de barriles al día, más del doble de los niveles actuales. El gobierno de Estados Unidos se está asociando con un magnate petrolero venezolano, Alejandro Betancourt López, quien es más conocido por recibir millardos de dólares en contratos estatales sin licitación para construir plantas eléctricas, gran parte de los cuales invirtió en bienes raíces en el extranjero. Esta empresa conjunta recibirá concesiones por 100 años en yacimientos que albergan una quinta parte de las reservas de petróleo venezolano.

El gobierno de Trump ha asegurado que su modelo para transformar Venezuela sigue un plan de tres etapas: estabilización, recuperación económica y transición a la democracia. Si ese sigue siendo realmente el objetivo, este acuerdo es un retroceso claro.

La historia nos enseña que cuando los gobiernos transfieren recursos a élites conectadas políticamente a través de procesos de privatización turbios, la democracia sufre. Tomemos el caso de Rusia: a mediados de la década de 1990, el gobierno de Boris Yeltsin transfirió participaciones de control en compañías petroleras estatales a precios de liquidación a través de subastas arregladas a algunos de sus aliados políticos clave. El acuerdo creó enormes fortunas, pero generó pocos beneficios tangibles para el pueblo ruso, que en pocos años se enfrentó al colapso de su moneda y sistema bancario. Lo más perjudicial fue que creó una clase de oligarcas con interés en bloquear la transición a una democracia que pudiera cuestionar la procedencia de su riqueza. La concentración de poder económico que resultó de esa privatización jugó un rol indispensable en la reversión de Rusia a un régimen autoritario, algo que presagia lo que podría suceder en Venezuela.

Cuando los gobiernos utilizan su autoridad para otorgar poder económico de manera ilegítima o arbitraria, es poco probable que surjan instituciones que restrinjan ese poder. Es por eso que deben implementarse reformas para fortalecer la gobernanza y el Estado de derecho antes de privatizar los activos estatales. También es la razón por la que activos públicos valiosos, como el petróleo de Venezuela, deberían venderse a través de licitaciones abiertas y transparentes. En este momento, Venezuela ocupa el último lugar de los 143 países en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. No tiene un poder judicial independiente, ni una tradición institucional de rendición de cuentas ni una distinción efectiva entre el Estado y el partido gobernante. Se trata de un país donde a nadie debería sorprenderle que la privatización fracase.

Tampoco es probable que este acuerdo afecte los precios mundiales del petróleo, lo que el gobierno de Trump ha presentado como uno de los objetivos clave del plan. Pasarán años para que la producción petrolera venezolana aumente de manera significativa e, incluso si lo hace, no seguirá el ritmo del crecimiento proyectado de la demanda mundial durante los próximos 25 años. Cualquier petróleo que termine en la Reserva Estratégica de Petróleo no se venderá en los mercados mundiales.

El acuerdo aclara el estatus emergente de Venezuela como un protectorado de Estados Unidos en todo menos en el nombre. En los meses posteriores al derrocamiento de Maduro, el gobierno de Rodríguez ha llevado a cabo operaciones militares conjuntas con las fuerzas de Estados Unidos en territorio venezolano; ha restaurado los lazos con Israel, un aliado esencial de Estados Unidos, y ha formalizado su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional, objeto de la indignación de Trump. Si bien el gobierno de Trump se ha abstenido de intentar administrar los asuntos cotidianos del gobierno venezolano, ha dejado en claro que espera que se sigan sus instrucciones. Si se necesitaba algún recordatorio de que la Casa Blanca espera que Rodríguez se alinee con sus objetivos, la presencia de Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, en las negociaciones del acuerdo petrolero muy probablemente sirvió como una indirecta nada sutil sobre las consecuencias del incumplimiento.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos ha intentado administrar un país que ha invadido. Hace más de un siglo, citando la interpretación intervencionista de Theodore Roosevelt de la Doctrina Monroe, Washington impuso regímenes de protectorado similares en Cuba, Haití y República Dominicana.

Estas experiencias no terminaron bien. Al estimular el surgimiento de políticos más preocupados por congraciarse con Washington que por responder a las demandas de su pueblo, estos regímenes sofocaron el desarrollo de las instituciones necesarias para el autogobierno e impulsaron una animosidad duradera a Estados Unidos.

En las últimas dos décadas, los venezolanos han vivido la destrucción de lo que alguna vez fue una economía próspera y una democracia vibrante. Estados Unidos ahora tiene tanto la oportunidad como la responsabilidad de ayudarlos a reconstruir su país. Un proceso de privatización nebuloso que reduce la rendición de cuentas, profundiza las desigualdades y elude la reforma institucional no acercará el cambio democrático. Lo alejará aún más.